Por Rafael Ramírez Medina
La reciente postura del presidente Luis Abinader frente a las protestas en San Juan de la Maguana marca un punto de inflexión en la forma de gobernar. Al rechazar la explotación minera en la zona, el mandatario no solo ofrece una respuesta política sino que actúa con la sensatez de quien comprende que el valor del agua y la seguridad alimentaria de un valle supera, con creces, cualquier beneficio metálico inmediato.
La decisión del Ejecutivo de frenar las pretensiones mineras en la provincia de San Juan trasciende el debate coyuntural. Es, en esencia, un ejercicio de soberanía ambiental y de racionalidad económica que prioriza el recurso más estratégico del siglo XXI: el agua.
Conviene, sin embargo, precisar el contexto. La actual administración recibió un escenario previamente configurado. Las concesiones de exploración que dieron origen a este conflicto fueron otorgadas en gestiones anteriores, particularmente durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que obligaba al Estado a actuar con cautela al evaluar su continuidad.
Que hoy surjan críticas desde sectores que en su momento impulsaron esas decisiones forma parte del juego político. Pero más allá de esas contradicciones, lo relevante es la resolución adoptada.
Al escuchar el clamor de la comunidad sanjuanera, el presidente ha asumido una decisión alineada con la lógica de la sostenibilidad.
El Valle de San Juan, reconocido como el “granero del sur”, no es solo una zona productiva; es un sistema vital cuya vocación agrícola y equilibrio hídrico no pueden ser sustituidos por una rentabilidad minera de corto plazo sin incurrir en un error histórico.
Esta postura evidencia una comprensión clara de que el desarrollo no puede construirse a cualquier costo. Escuchar al pueblo no es un signo de debilidad, sino una expresión de inteligencia democrática.
Cuando un gobierno valida tanto el criterio técnico de los ambientalistas como la experiencia de los productores locales, fortalece la paz social, un activo intangible pero determinante para la estabilidad económica y la gobernabilidad.
En conclusión, la decisión de proteger San Juan apunta hacia un modelo de país más consciente de sus prioridades estratégicas. Más allá de las diferencias partidarias, lo que debe prevalecer es la defensa de los recursos que sostienen la vida.
El bienestar de las futuras generaciones dependerá de nuestra capacidad, en el presente, de establecer límites claros. Decir “no” a aquello que compromete nuestra seguridad hídrica es, en última instancia, afirmar que la vida, la tierra y la producción agrícola siempre tendrán un valor superior.
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