Todo comportamiento tiene una motivación. En este caso, el regalo de 25 pasolas eléctricas al Ayuntamiento de San Juan, huele mal y hay que tratarlo con pinzas.
1. No existe en República Dominicana una ley que prohíba regalos de funcionarios por montos menores a US$1,000, como sí ocurre en Estados Unidos. Aquí el vacío legal se usa para disfrazar favores.
2. ¿Qué obligaciones económicas tiene esa cadena de supermercados con el Ayuntamiento para instalarse en San Juan?
3. ¿Qué requisitos cumplió la empresa para operar? ¿Qué permisos, estudios de impacto y licencias presentó?
4. ¿Qué le exigió el alcalde y los regidores antes de dar luz verde? Porque hasta ahora solo se ve el regalo, no el contrato.
En política, que debería ser la correcta administración de los recursos públicos, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven pesan más.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, es urgente declarar la imprescriptibilidad de los delitos administrativos. No podemos seguir repitiendo la farsa de aquella “auditoría” donde las irregularidades se taparon con un acuerdo de aposento en una oficina pública de la capital. ¿Eso no es justicia, es encubrimiento?.
Dios nos agarre confesados ante un pueblo que no ve ni alcanza a ver más allá de la curva. Porque en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y será verdad que aquí, los tuertos están repartiendo pasolas.



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