Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros Ãntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluÃan números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Cuando una vÃctima, conocidas como Panchos en la estructura, contactaba el número del anuncio, los operadores, llamados tiradores, procedÃan a sonsacarle datos básicos, fotografÃas y, de ser posible, adelantos de pago mediante tarjetas de regalo.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transferÃa a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenÃa nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Con el perfil de la vÃctima en mano, un miembro de la organización se comunicaba nuevamente con ella haciéndose pasar por el “encargado o administrador de la chica”.
el guion
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la vÃctima se resistÃa a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
HacÃan montajes audiovisuales con personas encapuchadas portando armas largas de fuego, a los cuales les superponÃan notas de voz en inglés o español con acento extranjero donde mencionaban explÃcitamente el nombre de la vÃctima o de sus familiares para hacer creÃble la amenaza de muerte.
Desesperadas por el terror, las vÃctimas cedÃan y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecÃan a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movÃan el dinero de inmediato.
Posteriormente, los fondos eran enviados a República Dominicana a favor de testaferros de la red mediante remesadoras como Caribe Express, Western Union, Ria y Vimenca, cobrando comisiones de entre un 15% y un 30% por el movimiento transnacional.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, asà como recibos de los envÃos y otras evidencias de las transacciones.
allanamientos
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnologÃa de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
lavado de activos
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la TesorerÃa de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenÃan empleos lÃcitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
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