Fuerza del Pueblo cuestiona manejo en el Ministerio de Medio Ambiente

Paíno Abreu y otros miembros de la Secretaría de Medio Ambiente de la FP en rueda de prensa  

Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que hay un esquema de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, vinculado a la «emisión irregular y masiva de permisos y licencias ambientales, fuera del marco legal establecido».

La denuncia fue hecha en una rueda de prensa encabezada por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la organización opositora, quien señaló directamente al ministro Paíno Henríquez como responsable de «un modelo de gestión ambiental peligrosamente distorsionado, basado en cifras inconsistentes y decisiones que podrían estar vulnerando los principios fundamentales de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales»

Indicó que este funcionario en una reciente comparecencia pública ofreció datos inexactos e informaciones indemostrables”, uno de los cuales es el de que su gestión ha aprobado más de 6,000 licencias ambientales en apenas 11 meses. Esta cifra. alegó, es “astronómica y legalmente inviable».  A su juicio, el Ministerio de Medio Ambiente no cuenta con capacidad técnica ni administrativa para procesar tal volumen de solicitudes cumpliendo el debido proceso.

«PRÁCTICAS IRREGULARES»

Señaló que esta situación podría estar vinculada a prácticas irregulares dentro del Ministerio y agregó: “No quisiéramos pensar que ese astronómico número de licencias ambientales que el Ministro dice haber entregado estén asociadas con los rumores que circulan de que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y que en el Ministerio existe un mercado para la venta de permisos ambientales”.

Alegó que la denuncia también indica que  hay  “agentes” que actúan como intermediarios, gestionando la obtención rápida de permisos a cambio de pagos adicionales.

La FP hizo un llamado “urgente” a la Oficina de Ética Pública e Integridad Gubernamental (OEIG) y a la Cámara de Cuentas para realicen una auditoría forense  al proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales.

COBERTURA BOSCOSA E IMPORTACIÓN DE MADERA

Otro aspecto de la denuncia se centra en cifras ofrecidas por el ministro Henríquez relacionadas con la cobertura boscosa y la importación de madera, que Fuerza del Pueblo califica como “infladas” o “fuera de contexto”.

“El Ministro ha ofrecido cifras no confirmadas que la elevan a 44.3 % del territorio nacional. Las cifras oficiales del inventario forestal de 2019 determinaron una cobertura boscosa de 37.7 %, que sumada al 5.1 % de plantaciones agroforestales llega a 42.8 %. Ese dato debe ser revisado”, añadió.

También cuestionó que se haya declarado un monto de US$800 millones en importación de madera, cuando las cifras reales, según Trading Economics y la base de datos de comercio internacional de la ONU, reflejan que en 2024 el valor fue de US$285.06 millones.

VE ABANDONO DE ÁREAS PROTEGIDAS

La Fuerza del Pueblo denunció además el abandono institucional de las áreas protegidas y el deterioro en las condiciones laborales de los guardaparques.  Señaló que muchos de ellos no trabajan en el terreno y figuran en la nómina como “botellas”.

“Históricamente existía personal entrenado, equipado y con supervisión estructurada desde el Ministerio, mientras que en la actualidad muchos de los llamados guardaparques no operan realmente en el territorio, son botellas que cobran en sus casas. Los que sí lo hacen, carecen de los recursos básicos y están muy mal pagados. En la actualidad los guardaparques carecen de identidad, de mística y de autoridad”, sostiene el documento.

Esto, según la denuncia, ha debilitado la capacidad de vigilancia, conservación y respuesta en los ecosistemas protegidos, afectando funciones esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico nacional.

El patrón de SeNaSa se repite

Durante la rueda de prensa, Paino Abreu recordó que fue la Fuerza del Pueblo quien destapó el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el cual fue inicialmente negado por autoridades del gobierno, pero que hoy mantiene a varios exfuncionarios arrestados y bajo investigación judicial.