Máximo Mendoza no usaba cobradores, ni amenazas, ni demandas. Cuando alguien no le pagaba un préstamo, recurría a un método fuera de lo común: lo declaraba muerto. Así lo estableció el Ministerio Público, que lo acusa de falsificar documentos para inscribir defunciones falsas de al menos seis personas, a quienes señalaba como deudores.
El expediente revela que Mendoza, arrestado en Mao, en la provincia Valverde, durante un allanamiento, se movía entre unidades de atención primaria y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE) con un guion aprendido: fingía ser primo, tío o incluso esposo de la víctima, llegaba con la cara de la congoja bien ensayada y conseguía que médicos en pasantía, sin exequátur, llenaran los formularios de defunción. Después, completaba el trámite en la JCE.
De préstamos miserables a muertes inventadas
El negocio era tan retorcido como pequeño. Mendoza prestaba entre cinco y quince mil pesos a personas en condiciones vulnerables, a cambio de quedarse con sus tarjetas de asistencia social, esas que apenas cubren 2,100 pesos mensuales. Cuando el cobro se complicaba, echaba mano a su "solución definitiva": registrar al deudor como cadáver en papeles oficiales.
Los fiscales describen cómo Mendoza desplegaba su habilidad para simular llanto y angustia, aparentando la aflicción de un familiar que recién había perdido a un ser querido. Esa actuación fue la llave para abrir puertas en clínicas y oficinas estatales, y para que su fraude quedara estampado con sellos y firmas oficiales.
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