La defensa de los hermanos Espaillat calificó la decisión como ajustada a derecho, y resaltó la necesidad de un periodismo responsable y basado en información veraz.
Según se informó, aunque la Procuraduría Fiscal cerró sus puertas al momento del fallo, se espera que los trámites administrativos concluyan el día siguiente. La defensa de los hermanos Espaillat calificó la decisión como ajustada a derecho, y resaltó la necesidad de un periodismo responsable y basado en información veraz.
Durante la audiencia, los abogados de la defensa presentaron más de 100 documentos como evidencia, incluyendo certificaciones de arraigo familiar y laboral, actas médicas, publicaciones de prensa y los pasaportes de los imputados, entregados voluntariamente. También se aportaron evidencias técnicas, notariales y conversaciones digitales, con las que se buscó desmontar las acusaciones de negligencia dolosa, presión a testigos y evasión de responsabilidades.
Uno de los ejes centrales de la defensa fue demostrar que el local sufrió remodelaciones antes del colapso del techo, incluyendo trabajos de impermeabilización, reparación de cielo raso, limpieza de ductos, pintura y colocación de techos acústicos. Se anexaron además facturas, órdenes de compra e imágenes que avalan dichas intervenciones, las cuales según sus abogados fueron realizadas por personal calificado.
Sobre el exempleado Gregorio Adames, la defensa presentó conversaciones que muestran una relación amistosa con Maribel Espaillat incluso después de su salida laboral, sin mención alguna a amenazas.
En lo referente a las víctimas, la defensa indicó que se han logrado acuerdos con al menos 40 personas, entre ellas miembros de la orquesta de Rubí Pérez, fallecido en el hecho. Su hija aclaró públicamente que recibió una compensación de un millón de pesos como miembro de la orquesta, no en calidad de hija del artista, y pidió no distorsionar los hechos.
La decisión judicial ha generado reacciones encontradas. Mientras los representantes legales de los imputados consideran que se respetaron las garantías procesales, el Ministerio Público expresó su indignación por la libertad bajo fianza, alegando que la prisión preventiva era procedente dada la gravedad del hecho y el número de víctimas.
El tribunal fijó una fianza de 50 millones de pesos mediante compañía aseguradora, junto al impedimento de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades. La jueza también declaró el caso como complejo y otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para concluir la investigación y presentar acusación formal.
El proceso continúa y la apelación será el próximo paso en esta historia que ha conmovido a la opinión pública y mantiene en vilo a las familias afectadas, al sistema judicial y al país.
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